En estos días conocimos una serie de conductas ilegales como la fuga del exgobernador de Chihuahua acusado de peculado y que hoy es prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol; asimismo fuimos testigos de la fuga de 17 reos del penal de Reynosa, en Tamaulipas; y de la detención por autoridades de los Estados Unidos del ex fiscal general de Nayarit, en el cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, acusado en este caso de tráfico de drogas.

Por otra parte, ocurrieron hechos que evidenciaron fallas en el ejercicio de la función pública, ya que varios sectores de la sociedad mexicana expresaron su indignación ante el fallo de un juez de Distrito del estado de Veracruz, que concedió amparo en contra de una orden de aprehensión favoreciendo a un presunto violador.

Asimismo, se denunció la actuación de algunos diputados y personal del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, que dieron su consentimiento y participaron para que un coacusado del ex gobernador de Chihuahua se ocultara en ese recinto por espacio de casi tres días, para evitar ser detenido.

En otro hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al atender un recurso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, resolvió revertir la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que ordenó al Estado Mayor Presidencial publicar información sobre rutas técnicas, horarios y puntos de salida y llegada de su flota aérea.

En el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos tienen que estar abiertos al principio de máxima publicidad, por ello creemos que las instituciones públicas fundamentales del Estado, como lo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ser garantes y promotores de la máxima transparencia, esa es la garantía de que México realmente busca transformarse en un país en el cual la impunidad no tendrá más carta de naturalización.

En México tenemos un marco legal sólido que castiga las conductas ilícitas, contamos con un Poder Judicial autónomo, sin embargo la debilidad de las instituciones nos coloca en una situación delicada porque los ciudadanos ven día a día que no se aplica la ley sino que, por el contrario, prevalece la impunidad.

Es por ello que los ciudadanos no confían en la procuración de justicia. Las cifras de impunidad alcanzan niveles nunca vistos en México. El INEGI reporta que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue cercana al 93.7%, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año 2016.

Los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, de acuerdo con las cifras del INEGI, son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo en un 33% de los casos, o bien la desconfianza en la autoridad, como lo expresan el 16.6% de los ciudadanos que han sido víctimas de algún delito.

Estamos llegando a una situación límite. Desde la sociedad convocamos a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, los poderes Legislativo, Judicial y al Ejecutivo, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad, a la academia, a los empresarios y a todos los ciudadanos, a establecer un compromiso de fortalecimiento institucional del Estado Mexicano, con tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad.

A los legisladores, les demandamos agilizar la aprobación del paquete de reformas que necesariamente se tienen que apartar para que funcione bien el Sistema Nacional Anticorrupción y que hoy por hoy no han sido discutidas, como lo son: la Ley de Obras Públicas, la Ley de Comunicación Gubernamental, la Ley de Adquisidores del Sector Publico, la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, así como reformas en PEMEX y la CFE, entre otras.

La sociedad tiene urgencia de que el Senado atienda el nombramiento del Fiscal Especial en el Combate a la Corrupción, que es una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo Comité Coordinador quedará integrado en los primeros días de abril, tal y como lo marca la ley.

En Coparmex estaremos atentos al proceso de selección de los magistrados de las salas especializadas en materia de corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, otra pieza también fundamental para que los actos de corrupción sean juzgados y sancionados.

El gran reto del combate a la corrupción se encuentra a nivel local, por ello, continuamos también trabajando con los organismos de la sociedad como el IMCO y Transparencia Mexicana, para impulsar la Ley Modelo del Sistema Local Anticorrupción. Esta semana daremos a conocer la situación del Semáforo Anticorrupción, con el monitoreo de los avances en la implementación de los sistemas locales anticorrupción en todo el país.

En COPARMEX refrendamos el compromiso para ayudar a construir las instituciones que combatan la corrupción y la impunidad. Desde la sociedad exigimos que todos los delincuentes incluso los que hayan tenido altos cargos y poder sean llevados a la justicia.

Nadie debe ni puede estar por encima de la ley.