La Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer su tercera entrega de #DataCoparmex, en la que seguridad, corrupción y mejores empleos, son temas prioritarios para los empresarios del país.

La herramienta, generada en colaboración con los Centros Empresariales de todo el país, permite realizar una evaluación de los pendientes y retos a lo largo del territorio nacional.

Para esta ocasión, se destacó que en el ámbito del Estado de Derecho, en el último año, de acuerdo con el indicador #MásSeguridad, que identifica la victimización criminal a la que se enfrentan los empresarios, el 57.9% de los socios de Coparmex reportó ser víctima del delito.

“La gravedad de la situación es evidente si se compara con el 50.8% de socios reportado durante la medición entregada el pasado mes de julio”.

Otro hallazgo relevante provino de #MxSinCorrupción, que muestra la frecuencia con la que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno.

A escala nacional, el 39% de los socios Coparmex reportó haber sido víctimas de algún acto de corrupción en el último año.

Entre los afectados, el 41% fue afectado por un trámite con el gobierno municipal, el 39% con el gobierno estatal y el 19% con el federal.

En materia de empleo, al cierre del actual sexenio, de acuerdo con el indicador #EmpleoFormal, que mide a la población que cuenta con prestaciones sociales y mejores condiciones laborales, sólo el 43.3% del empleo en México es formal.

El gobierno saliente logró crear empleos y aumentar el porcentaje de empleo formal de 40.4% a 43.4%; sin embargo se observó un proceso de precarización, dado que el porcentaje de empleo formal de tiempo completo que permite satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias disminuyó durante el sexenio, de 74.6% a 67.2%.

En materia de calidad de la gestión gubernamental, México enfrenta problemas graves en materia de fiscalización ya que el indicador #DineroPrófugo, mostró que el gasto estatal no ha podido ser recuperado o aclarado.

Esto se evidencia a partir de que la Auditoría Superior de la Federación identificó para su aclaración en los gobiernos estatales desde 2013 y hasta la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017, un monto que asciende a $214.6 mil millones de pesos.