Con la entrega del paquete económico de 2018 al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciaron los trabajos del penúltimo periodo ordinario de sesiones de la sexagésima tercera Legislatura. Así, los diputados y senadores que cotidianamente expresan su preocupación por los problemas nacionales, tienen la oportunidad de demostrar que realmente harán aportaciones concretas para superar esos desafíos.
Los ciudadanos esperamos que prevalezca una actitud Republicana, que la dinámica electoral de 2018 no detenga el proceso legislativo y que, lejos de la desbandada de legisladores “chapulines” que buscan asegurar posiciones en la próxima Legislatura, además de las Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año, efectivamente sean abordados los retos que requieren acciones legislativas urgentes para fortalecer dos de los pilares de nuestra vida en democracia: el Estado de Derecho y la competitividad de México.
La demanda de la sociedad es que se analicen, discutan y aprueben las reformas que han ido quedado pendientes y que urgen para mejorar la competitividad, de manera que el marco regulatorio deje de ser un obstáculo para el desarrollo de las empresas; que el sistema hacendario contribuya a impulsar mayores niveles de inversión y dé sustentabilidad a las finanzas públicas y que se modernice la legislación laboral.
Reiteramos nuestra demanda para que, ante el vencimiento del plazo legal para la aprobación en el Senado de la Ley General de Mejora Regulatoria el pasado 7 de agosto, se dé prioridad a ésta, a fin de contar con un nuevo marco legal que ayude a reducir los excesivos trámites que hoy distraen recursos humanos y generan altos costos, de manera que se generen ahorros tangibles en tiempo y dinero en beneficio principalmente de las PYMES, que son las mayores generadoras de empleo.
En el ámbito fiscal, es preciso debatir temas de fondo hacia donde tiene que enfocarse nuestro sistema hacendario, mejorando la competitividad del sistema fiscal, mediante la homologación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta a la tasa promedio de los países miembros de la OCDE, ello permitirá a México captar más inversiones productivas. Urge un sistema fiscal que permita hacer más dinámico el crecimiento de nuestra economía, dé sustentabilidad a las finanzas públicas; mejore el ejercicio del gasto público y promueva la formalidad pero, sobre todo, permita mejorar el bienestar y el nivel de vida de la población.
Las adecuaciones legislativas para dar cumplimiento a la Reforma de los Artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral, las cuales deben entrar en vigor el 24 de febrero de 2018, son otro de los grandes pendientes en la Cámara de Diputados. Trabajadores y patrones podremos alcanzar procesos de conciliación con pronto entendimiento y, en caso de llegar a procesos jurisdiccionales, éstos podrán resolverse en forma pronta y expedita; por otra parte, se reglamentará el registro de asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, asegurando la certeza jurídica, libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones.
Nos urge también resolver los nuevos marcos normativos para fortalecer el Estado de Derecho, entre los que destaca en materia de Justicia el nombramiento del Fiscal General de la República. Nos congratulamos porque se dará prioridad a este proceso, pero no se trata sólo de quién será el nuevo titular de la Fiscalía, es necesaria una discusión de fondo sobre la construcción institucional de esta figura.
Por ello, COPARMEX ha colaborado con las organizaciones de la sociedad agrupadas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva en el proyecto de Dictamen Constitucional Ciudadano para la Reforma al Artículo 102 de la Constitución entregado la semana pasada al Senado. Demandamos que el proceso de esa propuesta se realice bajo el concepto de Parlamento Abierto, que permita la participación directa de la ciudadanía.
A México le urge un Fiscal autónomo, apartidista, eficaz e independiente, sin conflictos de interés, que brinde la certeza de que se respetarán los derechos humanos en la procuración de justicia.
Una de las grandes preocupaciones de la sociedad es la seguridad, ante la violencia del crimen organizado que se observa en el alza de homicidios en los últimos meses. Por ello demandamos al Senado la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para brindar certeza jurídica a la actuación del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública. A los diputados, les solicitamos procesar las diferentes iniciativas de Mando Mixto, que permitan mejorar la coordinación de las policías en los tres órdenes de gobierno.
Para definir políticas públicas eficaces en el combate a la corrupción, entre las leyes que todavía tienen que reformarse y que están en el Senado, figuran aquellas relacionadas con las actividades más expuestas a los actos de corrupción, tales como la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obra Pública. Necesitamos un marco legal que asegure las mejores prácticas internacionales en la licitación y contratación, así como en la ejecución de la obra pública.
Otra base muy importante para garantizar la transparencia y combatir la corrupción es la Ley General de Archivos, también pendiente en el Senado, a pesar que desde febrero de 2015 venció el plazo legal para su promulgación. Esta normatividad es indispensable para asegurar el resguardo eficaz de la información y para permitir el funcionamiento completo e integral del Sistema Nacional de Transparencia.
Como parte del colectivo #VamosporMás impulsaremos una nueva generación de reformas legislativas que, entre otras cosas, nos permitan adecuar las leyes de financiamiento a los partidos y revisar a fondo la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernantes, a fin de que no otorguen inmunidad e impunidad.
Quedan sólo dos periodos ordinarios de sesiones a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. Es poco el tiempo y mucho el trabajo, es mucha también la responsabilidad que tienen de cara a sus representados.
No hay tiempo que perder: o legislan en beneficio de México o la ciudadanía organizada cobrará la factura en el periodo de elecciones. Avancemos pues en esta agenda de asuntos urgentes, estableciendo prioridades y compromisos formales frente a la ciudadanía. Los legisladores cuentan con Coparmex.