El Poder Legislativo es junto con el Poder Judicial el contrapeso natural del Poder Ejecutivo. Su diseño constitucional le permite evitar, si ejerce sus atribuciones a plenitud, la supeditación al Presidente de la República, pues además de contar con facultades inherentes a la formación de leyes, participa en la la orientación de las más importantes políticas públicas, la fiscalización del gasto público y concurre a los procesos de designación de altos funcionarios del Estado.

En Coparmex reconocemos la importancia del mandato legal que tienen los legisladores. Como ciudadanos partícipes de la vida democrática de México, hemos hecho llamados al Poder Legislativo para crear,  modificar y abrogar leyes en asuntos relevantes de la vida pública del País, especialmente las que inciden en la fortaleza y vigencia del Estado de Derecho, la democracia, la estabilidad macroeconómica y la actividad empresarial.

Hoy requerimos de un Poder Legislativo autónomo en los hechos, que vele por los intereses de todos los mexicanos, que aunque dominado por una amplia mayoría partidaria, no que responda a las prioridades y ritmos que se le pretenden imponer desde el Poder Ejecutivo.

En Coparmex identificamos seis temas fundamentales que el Poder Legislativo Federal, y especialmente el Senado de la República, debe impulsar para terminar de consolidar un verdadero Estado de Derecho.

Resulta urgente, ante el repunte de la violencia y la inseguridad en el País, y para la persecución de la corrupción sin tintes de venganza política, una Fiscalía General de la República con autonomía e independencia reales, para lo cual es necesario reformar el Artículo 102 Constitucional.

En materia de democracia y certeza jurídica, los Senadores de la Repúblca están obligados a enriquecer la Reforma de Consulta Popular y la Revocación de Mandato en tres aspectos: que la revocación de mandato no pueda realizarse durante la jornada electoral; que no pueda ser solicitada por el Presidente de la República en funciones; y que no permita ni deje a interpretación una posible ampliación del mandato o reelección presidencial.

Para generar confianza en el sector financiero e incentivar la inversión privada en México, los legisladores de la Cámara Alta tienen oportunidad en tres temas preponderantes del área hacendaria: Uno, establecer las condiciones para la creación de un Consejo Fiscal Independiente que asesore a los poderes Ejecutivo y Legislativo en asuntos relativos al presupuesto, el endeudamiento y la responsabilidad fiscal, y que permita vigilar el desempeño de la Hacienda pública nacional. Dos, promover un marco normativo que combata de manera eficaz y justa, la defraudación y la evasión fiscal, sin menoscabar derechos de los buenos contribuyentes. Tres, y de extrema urgencia, reincorporar la Compensación Universal de Impuestos que permite que los saldos derivados gravámenes federales de distinta naturaleza –como el IVA y el ISR– puedan compensarse entre sí. Es evidente, ante el retraso acumulado en la devolución de IVA por  400 millones de pesos en lo que va del año, qué tal política perjudica de manera directa el crecimiento y el desarrollo de las empresas mexicanas.

Finalmente, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, se deben atenuar inconsistencias que constan en las múltiples reservas que se hicieron a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, para generar certidumbre en las relaciones entre patrones y trabajadores, que privilegien la paz y garanticen la competitividad laboral.

Hacemos un llamado al Poder Legislativo Federal, y especialmente a Senado de la República para que, haciendo valer su independencia, aborde estos temas con profundidad, rigor técnico jurídico, escuchando las voces de expertos y minorías,  y contribuyan con ello  para sentar las bases para el pleno desarrollo económico de México. El País lo requiere ahora.