[Revista: ALTO NIVEL]

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Sobre Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el INEGI (2015), 88.3% de la población mexicana considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes. Esta práctica ilegal nos cuesta, como país, entre 8 y 10% del Pili, de acuerdo con diversas estimaciones del Banco de Mcxico, Banco Mundial, INEGI y el CEESP, citados por María Amparo Casar en México: anatomía de la corrupción.

Combatir la corrupción y la impunidad requiere de la coordinación de los tres poderes de la Unión en los tres órdenes de gobierno; incluso requiere de coordinación a nivel internacional. Más todavía: para que las acciones sean verdaderamente efectivas, se requiere de la colaboración estrecha del sector privado y del social.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nace justamente para coordinar las entidades responsables de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción. Por lo tanto, el primer desafío del sistema es lograr realmente la coordinación, más allá de las expresiones de buena voluntad o de una posible simulación. De ahí la importancia de que sea el Comité de Participación Ciudadana el que presida el sistema.

RETOS DEL SNA:

1. Implementar el sistema en todo el país. En los estados es donde más se concentra la opacidad en el manejo de los recursos públicos y donde hay menor equilibrio entre poderes para la rendición de cuentas. El desafío no es menor: implementar los 32 sistemas locales antes del 18 de julio, siguiendo el modelo del sistema nacional y de manera por completo abierta a la sociedad.
2. Apoyar al Comité de Participación Ciudadana. Esta figura es el espacio natural para que la sociedad civil organizada conozca los retos del sistema, incida en la definición de las políticas y acciones anticorrupción y se sume de manera articulada a las estrategias. El reto es que este comité tenga los recursos necesarios para operar (monetarios y de capital humano), la base técnica para sustentar sus funciones y el respaldo de la sociedad para ejercer la presión necesaria.
3. Nombramientos. Las personas que encabecen las entidades que conforman el SNA deben ser las más capaces técnica, profesional y éticamente, con base en sus méritos personales. Son críticos los nombramientos del fiscal y los magistrados anticorrupción. El reto es que dichos nombramientos se lleven a cabo de manera abierta a la sociedad y al escrutinio público.
4. Políticas públicas. Entre las leyes que todavía tienen que reformarse, están aquellas relacionadas con las actividades más expuestas a los actos de corrupción, tales como la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obra Pública, así como las leyes que son críticas para la eficacia del sistema anticorrupción, como son la Ley de Extinción de Dominio y de la Fiscalía General de la República.
5. Participación ciudadana. El sistema anticorrupción fortalecerá los contrapesos entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desde la exigencia social. El reto consiste en establecer, de aquí en adelante, nuevos estándares de actuación pública, basados en la integridad y la rendición de cuentas.
   En resumen: que sea la sociedad quien dirija la lucha anticorrupción.

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