Artículo de opinión para EL ECONOMISTA
Hoy más que nunca se requiere de un análisis profundo, donde se escuchen las voces de las autoridades y los expertos en materia electoral.
La reducción de las prerrogativas que anualmente reciben los partidos políticos es un tema que ha adquirido cierta notoriedad en la agenda pública de los últimos años. Aprovechando la aceptación que tiene la propuesta entre la ciudadanía, los propios partidos políticos han sido quienes la han promovido, más que los miembros de la academia o las mismas autoridades electorales.
Los lamentables sismos del 2017 abrieron el debate y obligaron a los partidos a posicionarse sobre la medida. Algunos a favor y otros con mayor resistencia, al año siguiente, en el marco de las elecciones federales, se hicieron propuestas más detalladas.
Hoy se discute ya en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional, con la que se propone reducir a la mitad el financiamiento público que se destina a los partidos políticos.
Se trata de una discusión relevante, sobre todo cuando el sistema electoral en nuestro país se ha encarecido en los últimos años. Tan sólo para el 2020, el presupuesto público con el que contarán los partidos superará 5,000 mdp; el más elevado en un año no electoral y el segundo mayor en la historia, sólo detrás de la asignación del 2018.
Aunque esta revisión presupuestal es necesaria, hoy más que nunca se requiere de un análisis profundo, donde se escuchen las voces de las autoridades y los expertos en materia electoral, así como de la sociedad civil, para evitar tres riesgos potenciales que esta medida tendría sobre el modelo democrático de nuestro país.
Mayor inequidad en la democracia: con menos recursos, los partidos de oposición verían afectada su capacidad de operación y promoción en los procesos electorales, favoreciendo principalmente al partido en el gobierno, que comparativamente tendría un mayor presupuesto.
Se abre la puerta al dinero ilegal: los partidos afectados se verían orillados a buscar suplir la baja en el presupuesto con nuevas fuentes económicas, ampliando la posibilidad de obtener recursos con algún origen ilícito o relacionado con actividades delincuenciales como el narcotráfico.
Incentivos a la corrupción y opacidad: se promueve la intromisión económica de personas y organizaciones que apuesten por una o varias alternativas políticas, para posteriormente obtener favores como contratos de obras públicas o asignaciones directas para la provisión de servicios.
Al reconocer la necesidad de ahorrar costos innecesarios, debemos mantener el modelo de financiamiento mixto, mayoritariamente público, porque es el idóneo para continuar fortaleciendo la democracia mexicana, procurando el equilibrio en las contiendas electorales y la transparencia de los recursos públicos.
Es un buen momento para ampliar el debate y contemplar elementos que le den cauce a una reforma integral, donde no sólo se exploren nuevas rutas para reducir costos electorales, sino para seguir consolidando el modelo democrático, con medidas más profundas como la segunda vuelta presidencial, las candidaturas comunes y los gobiernos de coalición.
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