Artículo escrito por Gustavo de Hoyos Walther

Durante las discusiones para aprobar la Constitución en 1787, los constituyentes estadounidenses decidieron incorporar lo que se llamó el “Bill of Rights” a los siete artículos constitucionales. La cuarta, quinta y sexta enmiendas del Bill of Rights garantizan el debido proceso en el caso de que el Estado proceda criminalmente contra cualquier ciudadano.  Entre las garantías individuales se encuentra la de que no se puede encarcelar a alguien sin un juicio expedito y con la sentencia de un juez.  Desde entonces esta consideración es parte de todo gobierno republicano, a tal grado que cualquier medición del desarrollo político tiene que tomar en cuenta esta garantía. En general, se considera que un régimen es autoritario si no garantiza un juicio expedito y justo a cualquier persona, sin importar el delito.

Así, lo que en México se conoce como la prisión preventiva oficiosa, dónde una persona es enviada a prisión con la sola acusación de la fiscalía, sin que medie una valoración judicial, atenta contra ell debido proceso. 

Partiendo de este estándar, nuestro país tiene hoy un gobierno autoritario. El caso de Rosario Robles es el más visible hoy. Sin hacer valoraciones sobre el sustento de las acusaciones, es evidente que se la retuvo indebidamente en prisión sin una sentencia de fondo. Su caso es emblemático, pero existen cientos de personas que permanecen en prisión de manera oficiosa, sin una acusación ministerial ni un juicio iniciado.

Este tipo de injusticias no iniciaron con el actual régimen, pero se han multiplicado a raíz de las reformas legales impulsadas por el Presidente López Obrador que ampliaron los tipos penales que con su sola acusación, traen aparejada la medida privatoria de la libertad.

Lo peor es que se ha agudizado el uso selectivo de la potestad acusatoria para perseguir y encarcelar a adversarios del grupo en el poder. Y para atizar el fuego, ahora el Secretario de Gobernación y la Consejera Jurídica de la Presidencia publicaron un Comunicado “al pueblo de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, instando al máximo órgano de la justicia mexicana para que se desestimen diversas impugnaciones en contra del marco legal en que se funda la prisión preventiva oficiosa. En un gobierno encabezado por un Presidente ubicuo resulta claro que el llamado a la SCJN realizado por funcionarios de alto rango debe considerarse como una posición personal del Presidente.

Con todo esto, se está llegando a extremos insólitos en la falta de respeto a la independencia judicial.

No hay duda de que el régimen obradorista está cruzando un Rubicón en el respeto a la división de poderes, base del modelo republicano de gobierno.

Consulta la versión original en: El Heraldo, Prisión preventiva: cruzando el rubicón.