Posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana en materia de seguridad pública. Me acompañan los Presidentes de los Centros Empresariales de todo el país, así como los Consejeros Nacionales que representan a las Grandes Empresas y a las Asociaciones que participan en la Coparmex.

 

I.- ANTECEDENTES Y CONTEXTO. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en todo el país se cometieron alrededor 33.7 millones de delitos, con un costo para los ciudadanos de cerca de 226.7 miles de millones de pesos, es decir, algo cercano al 1.27% del PIB. Los tres delitos de mayor frecuencia señalados y sufridos por los ciudadanos son:

· Robo y asalto en la calle o transporte público

· Robo de vehículo

· Extorsión

No obstante la gravedad de estas cifras, en la mayoría de las entidades prevalece aún una cifra mucho mayor que la cifra negra. Y subsiste también en muchas entidades el grave fenómeno de los secuestros que pudieran ascender a 102 mil 883 casos.

Las tasas de homicidio doloso van a la alza en varias entidades, lo que significa que la violencia no solo prevalece, sino que incluso va en aumento. Estos datos muestran una realidad preocupante; y sin embargo, hay todavía más en la cifra negra. Esto es muy preocupante porque cerca del 93% de los delitos que no están en estos números, ni siquiera son denunciados.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con cifras a septiembre de este año 2016, revela que el 72% de la población se siente insegura en la ciudad donde habita.

En algunas ciudades de hecho, el 95% de la población vive con miedo a ser víctima de un hecho propio de inseguridad; ésta es sin duda, la inseguridad, la principal preocupación de los mexicanos, incluso por encima del desempleo y la pobreza, que son en sí mismos lacerantes.

Claramente, brindar la seguridad es una de las principales obligaciones primoridiales del Estado, no se trata sino de la más sentida de todas las demandas ciudadanas.

Pero la inseguridad afecta también a los establecimientos, a los negocios, a las empresas de todos los tamaños. De acuerdo a cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2014, el 33.6% de las Unidades Económicas, de los empresarios, de las empresas, fueron víctima de algún tipo de delito. Y aquí la cifra negra alcanza casi el 88%.

En Coparmex, con estos números vemos con preocupación que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, prácticamente desaparece el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, lo que significa que las futuras generaciones, nosotros mismos en el futuro inmediado, nos veremos más afectados.

En COPARMEX creemos que es posible superar el desafío de la inseguridad y del crimen organizado, para lo cual los expertos de nuestra Confederación, con el apoyo de los señores Presidentes de los Centros y Consejeros Nacionales que he referido, presentamos a la opinión pública las siguientes propuestas:

1.- Separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación.

· En noviembre de 2012 la Coparmex dio un voto de confianza a la modificación legal de la administración pública federal que, a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación del Congreso, extinguió la Secretaría de Seguridad Pública e incorporó sus funciones a la Secretaría de Gobernación. · Hoy, con la misma convicción que hemos mantenido en respaldo a la mayoría de las reformas estructurales que impulsó el Presidente y aprobó el Congreso, debemos reconocer que en materia de seguridad, nos equivocamos. · El nuevo diseño institucional que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, así lo dicen los hechos, un error. · Es necesario hoy revisar el diseño institucional que al inicio del sexenio tranformó la seguridad en una función de la Secretaría de Gobernación. · Los hechos han demostrado, a 4 años de distancia, que el país requiere de una Secretaría de Seguridad Pública que tenga como única finalidad, el combate a la inseguridad.

2.- Aprobación de la iniciativa del Mando Mixto Policial, que fue presentada por el Ejecutivo ya desde el 2 de diciembre de 2012, y aprobada por el Senado el 17 de junio de 2016 y actualmente sigue su proceso de dictaminación en las Comisiones Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Son cuatro años ya los que lleva este proceso legislativo.

Con la iniciativa del Mando Mixto Policial se busca establecer reglas claras a los gobernadores y a los presidentes municipales, que son los principales responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Queremos una policía profesional y capacitada, que esté cerca de las personas, de sus comunidades, que les proporcione seguridad y tranquilidad combatiendo la delincuencia eficazmente.

Por supuesto, con un esquema en el que los municipios con recursos más limitados puedan acceder a la subsidiariedad de un mando estatal que atienda las limitaciones de recursos técnicos, humanos y materiales de las alcaldías.

En este punto es necesaria una verdadera formación y profesionalización de los elementos policiacos; es preciso cuidar su dignificación y su remuneración, como lo merecen al arriesgar su integridad física por los ciudadanos, asegurando la debida pensión de las familias de los elementos que sufran menoscabo de su salud o que pierdan la vida en el cumplimiento de su deber.

Sería deseable también ampliar y profundizar, completar ya el control de confianza de los ámbitos psicológico y socio-económico, no limitándolo solamente a la prueba de polígrafo; ello sin duda si se aplica en todas las fuerzas del orden, contribuirá a que la sociedad tenga confianza en sus cuerpos policiacos.

3.- Discusión de la iniciativa de de Seguridad Interior que se presentó en el Senado el pasado 27 de septiembre de 2016, y que pretende fijar las reglas claras de la actuación de las fuerzas armadas de nuestro País, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en tareas de seguridad pública en los diferentes estados a petición de los Gobernadores.

Los empresarios de la Coparmex refrendamos el reconocimiento hecho el día de ayer, en conjunto con las organizaciones hermanas del Consejo Coordinador Empresarial, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina Armada de México en el combate a la delincuencia organizada.

Por ello, creemos que debe legislarse ya para que el marco de la función de las fuerzar armadas esté debidamente perfeccionado.

4.- Expedición de una Ley General de Seguridad Privada, partiendo de las diferentes iniciativas presentadas por varios partidos en 2015, y que garanticen una operación homogénea y regulada a nivel nacional, ya que hoy en día cada estado y cada municipio tienen sus propias leyes y reglamentos, por lo que creemos que una homologación y regulación en lo general daría, dada la naturaleza de esta función, mucha mayor certeza en los criterios de operación, de reclutamiento, de capacitación de selección y de equipamiento.

5.- Pedimos, exigimos un plan emergente de Seguridad para los estados de Tamaulipas, de Guerrero, de Veracruz, de Sinaloa y de Michoacán, que son los más afectados severamente por la inseguridad.

Exigimos la revisión a fondo de las causas, de sus manifestaciones extremas y de la situación general de la inseguridad en estas entidades, así como la implementación de acciones puntuales, inmediatas, y permanentes por los tres órganos de gobierno.

Hasta aquí la propuesta.

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Señores, los empresarios de COPARMEX estamos convencidos de la importancia de ser parte de la solución, por ello a pesar de la difícil situación por la que atraviesan muchas empresas, muchos empresarios, seguiremos invirtiendo en México y generando fuentes de empleo y opciones de desarrollo productivo.

Es por eso que demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, que den prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la conclusión política, bajo una estrategia eficaz de coordinación, sentando las bases de ésta que es una de las políticas de Estado más importantes para cumplir con esta obligación primigenia de todo gobierno que es brindar seguridad a las personas y seguridad a sus patrimonios.

Exigimos que se garantice y se salvaguarde ese derecho humano fundamental de todos los mexicanos.

Los gobiernos Federal y estatales deben cumplir con esta que es su obligación primordial: garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y en todo el país.

Muchas gracias.