1. El desarrollo del País requiere el mejor talento humano disponible en los sectores público y privado, en los niveles operativos, técnicos y directivos.
2. El talento debe transitar con libertad entre los sectores privado y público en forma bidireccional.
3. Las restricciones al libre flujo del talento del sector público al privado deben ser excepcionales, por periodos razonables y solo en la medida que las decisiones asumidas en público, tengan un impacto relevante, directo y específico en una o varias empresas o sector.
4. La facilidad de la incorporación del talento proveniente del sector público al sector privado favorece la conducta de integridad en los funcionarios públicos, al propiciar su empleabilidad inmediata.
5. Las vedas prolongadas y generales pueden dificultar el reclutamiento profesional de talento para el sector público.
6. En el país debe prevalecer siempre el Estado de Derecho. Todos los ciudadanos (en los sectores público y privado) estamos obligados a cumplir con las leyes.
7. Si algún ex funcionario que hoy colabora en una empresa privada ha violado la ley, debe actuarse conforme a derecho sin demora.
8. Es preocupante que desde el gobierno federal se lancen en los medios de comunicación acusaciones genéricas sobre personas, sin aportar pruebas concretas de qué delitos o actos de corrupción se imputa a dichos exfuncionarios.
9. No es ilegal, no debe ser descalificado un ex funcionario por el solo hecho de ahora trabajar en el sector privado, en un área vinculada a su conocimiento y experiencia previa en su quehacer público.
10. Las acusaciones ligeras y dogmáticas deterioran la confianza entre el sector público y el sector privado, que es indispensable para seguir fomentando inversiones nacionales y atrayendo inversiones extranjeras al país.