El paquete económico de 2018, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que actualmente se discuten en el Congreso, refleja el esfuerzo del gobierno para frenar el ritmo de crecimiento y el saldo del endeudamiento público.

Sin lugar a dudas, el compromiso a reducir el ritmo de crecimiento y el propio saldo de la deuda, así como lograr un superávit primario de 0.9% del Producto Interno Bruto, lo que no se había logrado desde 2008, coadyuva a la confianza en la estabilidad de las finanzas públicas en el corto plazo.

Sin embargo, también es importante impulsar medidas de fondo para fortalecer la economía y el bienestar social en un marco de sustentabilidad de las finanzas públicas con inversión de mediano y largo plazos, y dejar atrás la inercia presupuestaria de los últimos años.

Un ejemplo de esas inercias se observa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo, donde se aprecian tres problemas sociales de alta relevancia:

1º. El gasto en pensiones se vuelve cada vez menos sostenible. En los últimos seis años el presupuesto de las pensiones contributivas ha crecido 37.3%, y las no contributivas ha caído 24%, lo que implica dar privilegio al pago de pensiones de mayor monto a los deciles más altos de la distribución de ingresos del país.

2º. El gasto público en salud, medido con proporción del Producto Interno Bruto, que es la mejor forma de comparar objetivamente con años anteriores, sigue con tendencia a la baja, dado que mientras que en 2013 era equivalente al 3.5 % del PIB, para el año 2018 se propone asignar a este rubro 568 mil 577 millones de pesos, equivalentes tan solo al 2.5 % del propio PIB.

Además, la asignación de recursos es regresiva: el recorte de 4.6% a la Secretaría de Salud, y de 3 mil 019 millones de pesos al Seguro Popular, tienen mayor incidencia en la población de menores ingresos, mientras que al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atienden a poblaciones con un mayor nivel de ingresos, se les aumenta su presupuesto en 6 mil 420 y 21 millones de pesos, respectivamente.

3º. Hay recortes en materia educativa, sobre todo en educación superior, la que más productividad genera. Para 2018 se propone destinar a este rubro una cifra del 1.4 % inferior a la aprobado para el año 2017. El nivel superior es el más afectado a raíz de este recorte: su presupuesto se reduce en 1.8% en comparación con 2017.

Es preciso establecer prioridades del gasto. Existen programas fragmentados y programas que CONEVAL ha identificado como no relevante que deben ser revisados. Es probable que en el país tengamos que transitar varios años con un espacio fiscal pequeño, por lo que es mejor tener prioridades definidas en sistemas nacionales de educación, salud, infraestructura, pensiones y seguridad, que sean respetadas presupuestalmente.

Por otra parte, en el documento de Criterios Generales de Política Económica se advierte un entorno macroeconómico sujeto a riesgos en 2018, por ello, sería importante revisar algunas de las variables macroeconómicas sobre las cuales se estiman los ingresos.

Si bien son prudentes las estimaciones de crecimiento del PIB de 2% a 3%, y un tipo de cambio promedio de 18.10 pesos por dólar, creemos necesario revisar los pronósticos de inflación de 3% y el precio del petróleo de 46 dólares por barril previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos, dado que de no lograrse esos objetivos, habrá necesidad de realizar recortes importantes al gasto público.

Por cada punto adicional de inflación, los ingresos de la federación se reducen en 26 mil millones de pesos, es decir 0.12% del PIB.

Por otra parte, cada dólar de reducción en el precio del petróleo se reflejaría en una reducción de 15 mil millones de pesos, es decir 0.07% del PIB en los ingresos de la Federación.

Desde nuestra perspectiva, uno de los puntos a fortalecer en el paquete económico es el de los incentivos para mejorar la productividad, tema en el cual hemos venido insistiendo para que sea retomada la deducción plena de prestaciones laborales, ya que aumentar costos no es la mejor medida para reducir la informalidad.

Recordemos que el 57% de la Población Económicamente Activa tiene un empleo informal.

Por otra parte, ante las presiones de la deuda o el riesgo de que suban las tasas de interés con el consiguiente impacto para las finanzas públicas, se necesita estimar una trayectoria de deuda de largo plazo.

Debe revisarse el pacto fiscal-federal, que muestra deficiencias, analizando las bondades y defectos del esquema actual de participaciones y aportaciones. Es necesario fomentar una mayor responsabilidad de las entidades federativas en términos de ingresos y dejar claras las responsabilidades de cada nivel de gobierno con respecto a los sistemas subnacionales de gasto.

Este es el momento de entrar a un proceso de discusión con altura de miras para acordar los cambios que requiere nuestro sistema hacendario y también para crear un Consejo Fiscal Independiente, un espacio donde pueden debatirse temas de fondo para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazos, y puedan detonarse la inversión productiva y el crecimiento sostenido y sustentable.

COPARMEX entregó hace unas semanas al Ejecutivo una propuesta para la reinvención del Sistema Fiscal que busca fortalecer los ingresos tributarios, promover la inversión y el empleo, así como dar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Acudiremos al Congreso con otras organizaciones sociales que también han externado sus propuestas para perfeccionar el Paquete Económico 2018 y discutir el futuro de la hacienda pública. Convocamos a los legisladores al diálogo y a la reflexión, a efecto de que se debatan estos temas de la mayor relevancia para el país. De ello depende en buena medida el futuro de México.