El año pasado la sociedad logró un triunfo histórico con la reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo la percepción de los ciudadanos es que la corrupción en México no disminuye y, por el contrario, se ha agravado hasta constituir uno de los problemas más graves que enfrentamos.

Existen diversos estudios de organismos como el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial que indican que la corrupción nos cuesta como país entre 8 y 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Más grave que ese costo es el daño a la confianza social y a las instituciones, cuando se observa que no hay castigo para los funcionarios que ostentosamente abusan de sus cargos y disponen ilegalmente de los recursos públicos.

Esta realidad se refleja más allá de nuestras fronteras: la semana pasada conocimos el Índice de percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2016, en la cual México retrocedió 28 lugares y figuró en el lugar 123 de 176 países, en el mismo nivel que Paraguay, Sierra Leona y Honduras, por debajo de naciones como Uruguay, Chile y Costa Rica.

Ese es un lastre, un obstáculo para preservar la confianza de las empresas globales hacia México, ahora que enfrentamos el desafío del cambio en la relación bilateral con Estados Unidos y necesitamos más que nunca demostrar que somos un país confiable con el que se puede hacer negocios.

Uno de los factores que más afecta el nivel de competitividad en México es la debilidad de las instituciones, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, principalmente por costo del crimen organizado, la violencia y la falta de fiabilidad de los servicios policiales.

Esa percepción se manifiesta también en los dispendios del gasto público en los tres órdenes de gobierno: a pesar de los compromisos de austeridad y recortes, al año pasado el gasto federal en realidad se incrementó en 5.9% a tasa anual en el período de enero-noviembre de 2016, en comparación al mismo periodo del año previo.

La Secretaría de Hacienda prometió a inicios de 2015 recortar en 10% el gasto en publicidad. Sin embargo, la Cuenta Pública reportó que el gobierno casi triplicó el presupuesto de 2 mil 695 millones de pesos asignados a ese rubro y que en realidad gastó 7 mil 547 millones de pesos.

A la sociedad le indignan los casos emblemáticos de corrupción denunciados, como los de los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, a quienes se investiga por operaciones con empresas fantasma, desvíos y fraudes que tocan ámbitos inadmisibles.

Afortunadamente, hoy dimos un paso trascendental en la cruzada para combatir esos delitos, para recuperar la legalidad y el Estado de Derecho, con el nombramiento de los cinco integrantes del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que será oficializado el próximo 9 de febrero.

El comité, integrado por ciudadanos valientes, técnicamente capaces y éticamente probados, tendrá como función vigilar que las instituciones del Sistema hagan su trabajo, que se sancionen verdaderamente los actos de corrupción.

Se logró una representación multidisciplinaria e incluyente de los comisionados, que responde a la equidad de género, representatividad regional, experiencia y diversidad profesional

Expresamos nuestro reconocimiento al Comité de Selección y al Senado, que con transparencia y con un protocolo ejemplar realizaron el proceso de integración de ese órgano, tan importante como lo fue en su momento la ciudadanización de los procesos electorales y la transparencia.

Con el Comité de Participación Ciudadana en funciones, empiezan a correr los tiempos para la integración del Comité Coordinador del sistema, así como la selección del secretariado técnico de dicho comité.

Hacemos votos para que este método de selección sea referente en los próximos nombramientos de los organismos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y que se dé prioridad al nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Confiamos en que el Senado también dará prioridad a la aprobación del paquete de leyes secundarias complementarias para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como las de Adquisiciones del Sector Público y la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.

En materia de transparencia, es necesaria la aprobación de la Ley General de Archivos, indispensable para asegurar el resguardo eficaz de la información, necesaria para construir un sistema robusto de transparencia y anticorrupción.

Con todo ese trabajo, el 18 de julio estará listo y en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción completo, como quedó establecido en los transitorios de la Ley.

Por nuestra parte, estamos trabajando desde la sociedad para apoyar en la construcción de los sistemas locales anticorrupción en todo el país. Llamamos a los congresos locales para que emulen lo realizado en el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto para la definición del marco legal como para el proceso de conformación de los órganos de los sistemas locales.

Asimismo, esperamos que el gobierno federal y los ejecutivos estatales hagan un verdadero esfuerzo para equilibrar sus finanzas, que realicen un ajuste presupuestario, eliminando los programas redundantes a través de una reingeniería, y que sean reforzados los procesos de fiscalización.

En COPARMEX refrendamos nuestro compromiso para ayudar a construir las instituciones que combatan la corrupción y la impunidad, como ya lo han hecho con eficacia otros países. Podemos y debemos hacerlo.