El jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados actuando como Cámara de Origen, aprobó el proyecto de Decreto de la Ley de Seguridad Interior, el cual fue enviado al Senado de la República, para que en su calidad de Cámara Revisora, proceda al análisis y discusión de dicha iniciativa.
Por otra parte, las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, de la propia Cámara de Diputados, en este caso, actuando como Cámara Revisora, en una reunión realizada el pasado 29 de noviembre, estimaron como improcedente la iniciativa de Ley que daría lugar a la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y permitiría crear el Mando Mixto policial.
Los diputados integrantes de dichas Comisiones, en votación mayoritaria, declararon improcedente el dictamen, que estaba listo para ser aprobado, y lo desecharon integralmente.
Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), partiendo de la premisa de que una de las principales obligaciones del Estado Mexicano es la de brindar seguridad pública, salvaguardando la normalidad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos, expresa las siguientes consideraciones:
1.El dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados, contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado de la República, que es cámara revisora, como lo están demandado expertos y diversas organizaciones sociales, para garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad.
Pedimos al Senado de la República, realizar un análisis a profundidad, con la intervención de la sociedad civil, y realizar las adecuaciones que sean pertinentes al proyecto de Ley de Seguridad Interior que se aprobó por la Cámara de Diputados, enmendando todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal. Por ello, la iniciativa deberá ser devuelta en su momento, con los cambios necesarios a la cámara baja, y que pueda así convertirse en una ley vigente.
2. Al aprobar únicamente la Ley de Seguridad Interior, y al mismo tiempo desechar la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública que había ya sido aprobado en el Senado, para definir la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en las tareas de seguridad, a través de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, y establecer diversas modalidades del mando policial, la Cámara de Diputados está construyendo una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en materia de seguridad pública.
Esta vía no genera instituciones y estrategias sustentables, porque ataca sólo los efectos y no las causas de la inseguridad, que están fuertemente vinculadas a la falta de capacidades y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad.
3. Esa decisión de los diputados no va al fondo de la problemática y limita la posibilidad de contar con policías capacitadas, que desde los tres órdenes de gobierno puedan colaborar con mayor preparación en el desarrollo de la estrategia nacional en materia de seguridad pública.
4.La solución debe ser integral. Ambas iniciativas de ley deberían de ser aprobadas e implementarse de forma paralela. En efecto, la Ley de Seguridad Interior debería ser vinculatoria al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para revertir los altos índices de delincuencia que prevalecen en varias regiones del país.
5. Al recibir la notificación de su desechamiento en su colegisladora, el Senado de la República debería discutir los puntos de la reforma en materia de la Ley General de Seguridad Pública que impidieron el acuerdo en la Cámara de Diputados, y que más allá de las diferencias políticas vinculadas al “mando único“ y al “mando mixto“, ese importante proyecto de legislación pueda convertirse en derecho vigente.
Con voluntad política, y una vez perfeccionadas, tanto la Ley de Seguridad Interior como la Ley General de Seguridad Pública pueden ser aprobadas en este periodo ordinario de sesiones. Sí hay tiempo para ello.
Los mexicanos queremos vivir en paz. Los mexicanos podemos vivir en paz.
Es obligación del Estado mexicano garantizarlo.