La corrupción y la impunidad son identificadas en diversas evaluaciones de alcance internacional, como los principales obstáculos para los negocios y la competitividad de México, al tiempo que las encuestas señalan que son estas las principales preocupaciones de la sociedad.

Sin embargo, en el Congreso de la Unión, de nueva cuenta se está aplazando el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pieza central del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es lamentable que se retrase la discusión de ese nombramiento tan importante, lo mismo que sucedió con la discusión de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

Este proceder de los legisladores, va en contra de los esfuerzos de amplios sectores de la sociedad que trabajamos desde diferentes frentes para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho.

La semana pasada, la opinión pública recibió con indignación el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública de 2015, en la que se reportan irregularidades por cerca de 165 mil millones de pesos, de los cuales 65 mil millones de pesos corresponden a inconsistencias observadas en estados y municipios, y el resto a anomalías detectadas en el gasto de los poderes de la Unión y los órganos autónomos.

Parecería que los Senadores no comparten el sentido de urgencia de la sociedad, para contar con todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción designados y en funciones, a pesar de que en menos de 5 meses, el 18 de julio de este año, el sistema anticorrupción debe estar completamente integrado y en operación, tal y como lo mandata la ley.

Por el contrario, prevalecen las inercias políticas de sujetar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, a la aprobación de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo, para que el actual titular de la Procuraduría General de la República no se convierta de forma automática en el Fiscal General de la República.

Mientras no se nombre al fiscal anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción carecerá de la fuerza para iniciar acciones legales.

Probablemente se acumularán nuevas denuncias de actos de corrupción y los ciudadanos observaremos, impotentes, que se retrasa todo el proceso para tener un sistema efectivo de prevención y control de los casos de corrupción, en el que cualquier persona, funcionario público o empresa que incurra en actos de corrupción, sea debida y oportunamente sancionada.

Por otro lado, quedan muchas tareas por realizar para conferir certeza y transparencia al actuar del gobierno.

Será una tarea prioritaria en ese sentido del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de proponer cambios a la forma en que hoy en día se selecciona a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias del gobierno federal.

La forma en la que la semana pasada, fueron nombrados los 42 titulares de los Órganos de Control Interno de las dependencias públicas, se apartó y fue alejada del espíritu con el que se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción.

La forma en que se llevó a cabo incurrió en prácticas que no contribuyen a generar certeza, dado que en muchos casos fueron los propios titulares de las dependencias, quienes colocaron a colaboradores cercanos en esos órganos de control, que son una pieza central para procesar legalmente los casos de corrupción del sector público.

Nos unimos a las exigencias de organizaciones de la sociedad civil que demandan la renovación de esos órganos mediante concursos públicos, transparentes y abiertos, con la participación de la Academia y de la sociedad.

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando desde la sociedad para impulsar una agenda integral que permita abordar conjuntamente los temas de transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y combate a la impunidad, que hasta ahora se han venido tratando de forma aislada.

Además y de manera íntimamente ligada al combate a la corrupción, se encuentra el reclamo social para mejorar la efectividad en el ejercicio del gasto público, al tiempo que se mantiene la disciplina en cuanto al monto del mismo.

Por ello impulsaremos la creación de un Consejo Fiscal Independiente y la institución de la Auditoria Ciudadana, que garanticen el manejo responsable de las finanzas públicas y permita vigilar el gasto, para que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, con honradez y con eficiencia, impactando donde más se necesita, y asegurando que los sectores menos favorecidos, tengan acceso a oportunidades efectivas de desarrollo, de educación y de empleo.