Lejos están aquellos días en que voces progresistas aliadas a López Obrador hablaban de aumentar el presupuesto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Artículo escrito por Gustavo de Hoyos Walther
El Presidente López Obrador es el primero, quizás en la historia de México, en reprender a los científicos por ser científicos. Es decir, no porque sean corruptos, aunque eso piensa. Ni porque no trabajan, aunque también los ha acusado de eso. En varios de sus discursos y conferencias matutinas López Obrador ha atacado el quehacer científico en sí mismo. A esto sólo se le puede llamar oscurantismo. El problema es que también ha llevado esta idea a la práctica. Lejos están aquellos días en que voces progresistas aliadas a López Obrador hablaban de aumentar el presupuesto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Así el 6 de noviembre del 2020, el gobierno decidió extinguir 65 fideicomisos de apoyo a la ciencia. Casi 22 mil millones de pesos fueron regresados a la Tesorería de la Federación, en una acción que nunca se justificó. Resulta contradictorio al grado del insulto que mientras muchos científicos y profesores de educación superior vivan de manera muy estrecha, al Presidente y su gobierno les parezca buena idea transferir miles de millones de pesos a la Federación, que seguramente está utilizando esos recursos de manera discrecional.
Hoy en día, la cereza en el pastel oscurantista es la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que el Jefe del Ejecutivo presentó recientemente al Congreso de la Unión para su aprobación. En la Ley se plantea un cambio de nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el de Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Este órgano tendría una nueva gobernabilidad diferente a la del CONACYT, que era incluyente y participativa. Se propone que haya un Consejo Nacional que contará con una Junta de Gobierno, integrada sólo por Secretarías de Estado, dando sólo voz pero no voto a académicos, científicos, humanistas, tecnólogos e innovadores. Esto es un grave retroceso respecto del modelo de gobernanza actual, donde en el máximo órgano de autoridad del CONACYT había representación, no sólo con voz sino con voto, de los que se dedican al quehacer científico y tecnológico. Con este cambio importantes decisiones corresponderían solo a funcionarios, desconectados del quehacer científico y, al menos
hoy, con un sesgo ideológico evidente, y que tomarían decisiones alejadas del interés de la comunidad científica del país.
Otra área de gran preocupación es la transformación del Sistema Nacional de Investigadores, que antes se fundaba en estrictos estándares de calidad evaluada por pares, a un modelo donde reina la subjetividad y que supone que la ciencia debe plegarse a criterios políticos. En la nueva Ley incluso se establece que los apoyos a científicos dependerán del “comportamiento ético de las personas solicitantes”. Pero ¿quién y cómo se determina el comportamiento ético de alguien? Esto abre lugar a una gran discreción por parte de una institución que, en su nueva Ley, habla de “una ciencia neoliberal”. Otra distorsión evidente de la Ley propuesta es concebir a los científicos del país como servidores públicos o burócratas. Esto es peligroso para el interés de la ciencia que no debe supeditarse a criterios políticos y va de la mano de una concepción estatista y centralizadora que considera a las universidades y otros centros académicos públicos como entidades paraestatales. En la misma lógica se encuentra el interés del Presidente de que su gobierno otorgue apoyos directos a los científicos del país. Las transferencias de recursos se conciben así como dádivas y no como pago al talento, esfuerzo y mérito de los investigadores.
El carácter autoritario, retrograda y oscurantista de todos estos cambios es evidente. Se busca subordinar a la ciencia a imperativos políticos. Las implicaciones son nefastas para el futuro desarrollo científico y tecnológico de México. Por ello, y más allá de la legislación impuesta por la mayoria oficialista, habrá que prepararse para dar la batalla decisiva ante el Poder Judicial de la Federación.
Consulta la versión original en: Expansión Política, Un gobierno contra la ciencia