México necesita con urgencia acciones para fortalecer al sector productivo y al mercado interno, a fin de enfrentar con solidez los cambios esperados en la relación bilateral México-Estados Unidos, así como para fortalecer nuestra presencia y participación con otros países.

En COPARMEX mantenemos un diálogo abierto y propositivo con los gobiernos en todos sus niveles, con organismos empresariales y con las organizaciones de la sociedad, para trazar una hoja de ruta y llevar adelante los cambios que se necesitan en México para fortalecer nuestra economía.

Los Centros Empresariales de Coparmex en todo el país, están trabajando con los ciudadanos, con los académicos, con los funcionarios y construyendo propuestas para realizar las transformaciones que urgen a México en temas tan prioritarios como lo son: el Estado de Derecho; el combate a la pobreza; la mejora en la calidad de la educación, la mayor competitividad de las empresas y la creación de empleos suficientes; también la disciplina en las finanzas públicas y un ejercicio más eficiente y transparente en el gasto público.

En cada una de esas asignaturas se requieren medidas de corto y de mediano plazo.

En paralelo con estas acciones inmediatas también es preciso construir una visión de futuro para saber hacia dónde tenemos que avanzar y con ello lograr un mejor futuro para más mexicanos.

En todos los sectores, en lo público, en lo empresarial, en la academia y en la sociedad civil, hay personas y organizaciones construyendo propuestas en favor del país.

Lo primordial es construir con enfoque incluyente, siempre de buena fe, con tolerancia a las distintas concepciones y promoviendo transformaciones en el marco legal y respeto a la estabilidad institucional.

En materia de preservación del empleo, por ejemplo, hay que reconocer la resolución del gobierno federal que permitió un respiro a las empresas mediante las nuevas disposiciones para deducción inmediata de inversiones en nuevos establecimientos con ingresos de hasta 100 millones de pesos, un aliciente a los inversionistas, con incentivos para el retorno de capitales mantenidos en el extranjero.

Para preservar las inversiones y atraer más capitales, el reto fundamental es mejorar el Estado de Derecho, ello implica responsabilidad compartida de los tres Poderes de la Unión. No podemos soslayar que retrocedimos nueve sitios en la más reciente evaluación del índice general de The World Justice Project, en materia de Estado de Derecho, donde caímos del lugar 79 al lugar 88 de entre 113 países que son evaluados. Ahí tenemos una dimensión del gran desafío.

Hay avances en esta materia, gracias a la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, nos está dando un amplio espacio a la participación activa de la sociedad. Esta dinámica virtuosa, debe ser emulada en los estados, en los procesos para la instrumentación de los sistemas locales anticorrupción. La tarea del Legislativo Federal es aprobar ahora la legislación pendiente en la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, para reforzar la legislación anticorrupción.

Al Ejecutivo le corresponde la tarea de lograr un manejo más eficiente y transparente del gasto público, reduciendo efectivamente el gasto superfluo y estableciendo controles y métricas de evaluación que permitan monitorear el uso adecuado de los excedentes fiscales.

Es preciso revisar cómo se gasta y qué impacto real tienen las obras y los programas públicos y, ante la escasez de recursos, vincular mucho más el gasto público con el sector privado nacional, pero de manera transparente y eficaz, para que esa inversión pública realmente se traduzca en crecimiento de la economía y en la generación de empleos.

En este sentido, y aunque son incipientes, reconocemos las medidas que algunos gobiernos e instituciones públicas están haciendo en materia de austeridad. Son pasos en la dirección correcta, ni duda cabe, pero se requiere mayor profundidad y contundencia.

Consideramos indispensable que se lleve a cabo la propuesta que ha planteado el INAI, para desarrollar un portal de transparencia, en el que se muestren las aportaciones que cada institución del Estado Mexicano pondrá a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito federal y de las secretarías de finanzas de las entidades federativas producto de los ahorros y las eficiencias que tengan. Con ello se podrá conocer trimestralmente, el origen de los recursos públicos que se concentrarán como resultado de las medidas de austeridad, así como su aplicación y los resultados que se obtengan.

Y por supuesto, ello requiere de compromisos de todos para combatir la corrupción, empezando desde luego por el sector público, que ejerce y es responsable primario del buen uso del patrimonio colectivo. En COPARMEX estamos también asumiendo la parte de la tarea que nos corresponde, y ya muchas de las empresas socias han integrado protocolos en materia de combate a la corrupción, a través de compromisos explícitos para cumplir sus políticas institucionales y también la normatividad pública de la materia.

Además, y en el ámbito institucional de COPARMEX hemos celebrado un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que todos los Centros Empresariales implementen protocolos de transparencia en el manejo de su información financiera, lo que se sumará a la supervisión que ejercen los órganos internos y externos de control.

Con estas acciones y propuestas, COPARMEX refrenda su compromiso para impulsar un crecimiento sustentable de la economía, única vía que nos permitirá combatir la pobreza y generar mayores oportunidades de bienestar para muchos más mexicanos.