Con su Plan B, además de lo anterior, intenta impedir al INE la capacidad para gestionar procesos electorales que garanticen resultados impecables.

Artículo escrito por Gustavo de Hoyos Walther

Con la reforma constitucional fallida en materia electoral, el Presidente López Obrador
pretendía adueñarse del INE para controlar la elección. Fue derrotado por la ciudadanía
en esa intención. Ahora con su plan B, además de lo anterior, intenta impedir al INE la
capacidad para gestionar procesos electorales que garanticen resultados impecables.
Existen al menos siete objetivos evidentemente destructivos en la reforma:
1) Quitarle autonomía al INE. En el propio texto del paquete de reformas propuesto se
critica la existencia de instituciones autónomas. Sin pruebas, se les imputa un carácter
corrupto y se señala que son administrativamente ineficientes. Se trata de un gran
infundio que proviene del hecho de que López Obrador no ha logrado dejar atrás su
derrota en el 2006. El fraude electoral de ese año es el mito fundacional del obradorismo
sin el cual no puede existir. Pero es eso: un mito. El INE es indudablemente una de las
instituciones mexicanas más eficientes y con los mejores estándares de integridad.
Con el plan B el INE pierde autonomía financiera, pues los recursos que recibiría estarían
etiquetados centralmente. Además, se plantea una reorganización administrativa que
reduciría su eficiencia. Se propone reducir de 17 a 12 las áreas operativas sin ninguna
explicación del porqué esto sería más racional. Se pretende además desaparecer las
300 juntas distritales, que son la base territorial para organizar las elecciones, y
sustituirlas por una vocalía operativa. Esto entraña en los hechos despedir a un 85 por
ciento de los alrededor de 2,500 miembros del servicio profesional electoral. Se busca
también debilitar las atribuciones del Consejero Presidente, quien, en el nuevo
ordenamiento, sería prácticamente sustituido por una Comisión de Administración
compuesta por cinco consejeros (uno de ellos el Consejero Presidente) y los directores
ejecutivos, que politizaría los procesos al darle cabida también a los partidos. No se trata
entonces de una reordenación administrativa, sino de una destrucción institucional.
2) Intervenir en las interpretaciones del tribunal electoral. Irritado porque, a pesar de
varios intentos, el Presidente no logró controlar las decisiones del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de La Federación, ahora quiere que éste carezca de la capacidad para
interpretar la Ley, privándolo de su razón de ser. Esto tendrá como corolario que haya
mayor impunidad de partidos y candidatos.
3) Al eliminar el principio de imparcialidad de servidores públicos la reforma busca
socavar la equidad en la contienda. Si esto sucediera el grupo o partido en el poder
podría ordenar a los trabajadores y funcionarios gubernamentales a hacer campaña en
su favor, otorgándole una ventaja injusta e inmerecida.
4) Transferir votos entre coaliciones y candidatos después de ser emitidos. Esto
naturalmente afecta la decisión manifiesta del ciudadano que no podrá ejercer su
voluntad de que el candidato o partido por el que votó lo represente.
5) Modificar el porcentaje para que un Partido mantenga su registro. Se trata de una
estratagema para evitar que los partidos satélites del obradorismo se mantengan
artificialmente compitiendo en elecciones aunque hayan perdido el respaldo popular. A
esto hay que agregar que, de acuerdo con la propuesta de reforma electoral, los partidos
podrían quedarse con recursos no utilizados en lugar de devolverlos a la Tesofe.
Igualmente, se flexibilizan las causas por las que un partido puede perder si registro.
6) Cambiar las reglas para que no se verifiquen los recursos. Fiel a su vocación de no
querer ser fiscalizado, el Presidente ahora pretende que los recursos de partidos no sean
sujetos a verificación. Esto indudablemente llevaría a una corrupción sin precedentes.
7) Colocar módulos del INE en oficinas del Gobierno. Con ello se intentaría que los
funcionarios de casilla dejen de ser imparciales. Se trata de un ataque tremendo contra
el control ciudadano del proceso.
Para evitar que estas aberraciones se concreten la ciudadanía organizada realiza un
plantón rosa en el Senado de la República con el fin de ratificar su exigencia para que
no se deleteriore el sistema electoral y se debiliten las instituciones que son el pilar del
mismo. Pero el plantón es sólo una de las muchas actividades ciudadanas que se
realizarán para impedir que el régimen obradorista liquide nuestra democracia.
El Plan B de López Obrador representa un grave retroceso para la democracia. El riesgo
de pérdida de la confiabilidad de las elecciones y la preparación de la intentona de
imposición de un partido hegemónico. Debe, por lo tanto, desecharse por completo. No
basta con que el Senado haga ajustes a lo aprobado por la Cámara de Diputados.
La acción de la sociedad civil para defender la libertad y la democracia apenas inicia. El
mensaje que dio en la calles el 13 de noviembre se mantente vigente hasta hoy. La
sociedad civil está demostrando su fortaleza y esta es gigantesca: tiene el tamaño de
nuestra esperanza. Por eso no vamos a claudicar. La lucha apenas inicia.

Consulta la versión original en: Sin Embargo, El destructivo Plan B