Sabemos que nos encontramos ante un régimen democrático, liberal y republicano cuando un Estado no puede realizar actos arbitrarios contra los ciudadanos de un país. Para que esto se cumpla es necesario que exista un Gobierno transparente que permita el acceso a la información sobre su actuación, así como una serie de salvaguardas para que la información de las personas sea protegida.

Ningún mecanismo análogo existió durante el periodo posrevolucionario y, de hecho, la reforma para que esto se concretara ocurrió hasta el siglo XXI, debido a la presión que ejercieron intelectuales y periodistas agrupados en lo que se llamó el Grupo Oaxaca.

Fue en 2003 cuando se creó el IFAI, el antecedente del actual INAI. Desde su fundación, esta institución ha contribuido a evitar la opacidad acerca de la actuación de los gobiernos, haciendo posible que cualquier ciudadano pueda acceder a información pertinente. Se trata, sin duda, de una herramienta sin la cual no puede existir la rendición de cuentas por parte de representantes populares y funcionarios públicos. 

Con este mecanismo, los gobiernos anteriores estuvieron acotados debido a que los ciudadanos pudieron hacer valer su derecho a la transparencia. No pocas veces fue, a raíz de pesquisas ciudadanas, que se pudo dar a conocer casos en que los gobiernos estaban violando la ley o abusando de su poder.

Sin embargo, el arribo de López Obrador ha significado un constante amago contra el INAI y otras instituciones autónomas. Esta actitud parte de una concepción del poder, según la cual este no debe ponerse en cuestión. Lo contrario de lo que entendemos por un Gobierno responsable ante sus ciudadanos y ciudadanas. 

El ataque contra el INAI no ha sido directo pugnando por su eliminación, sino más bien con la intención de mantenerlo inoperante. La estrategia ha consistido en postergar el nombramiento de comisionados, evitando que este pueda sesionar por la falta de quórum. A veces las designaciones se han empantanado en el Senado, en ocasiones el Presidente ha vetado propuestas del Congreso. Lo cierto es que la inoperatividad del Instituto ya ha afectando a casi 7 mil personas en lo particular y, al país en general, que se encuentra limitado en su esfuerzo por acotar los excesos del poder.

La cuestión, como en muchos otros casos, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el centro de la pugna jurídica se encuentra la interpretación según la cual la Constitución no establece un plazo para que se realicen los nombramientos. Sin embargo, como lo señala acertadamente la Coparmex, mantener inoperante al INAI vulnera los derechos humanos de la ciudadanía. Y este es el punto esencial. 

El día de ayer, una mayoría de ocho ministros y ministras desechó el proyecto de sentencia redactado por la ministra Loretta Ortiz, confirmando, con dicho rechazo, que sí existe omisión por parte de los legisladores al no haber designado a los comisionados del INAI y ordenan volver a turnar el asunto para nuevo proyecto. 

Es de destacar el ánimo de distintos ministros de procurar, en ese desechamiento y en tanto se redacta el siguiente proyecto, que el Instituto pudiera sesionar con el quórum actual. Lo cual, lamentablemente, no encontró suficiente eco.

No obstante, la decisión alcanzada se puede considerar como un triunfo provisional sobre quienes proponen que México puede navegar con un Gobierno que no rinda cuentas a la sociedad. Pero esta visión del poder arbitrario no tiene futuro. Lo veremos.