Artículo de Opinión para El Financiero .
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Se debate si estamos o no en recesión económica. Los últimos datos del INEGI (25.Nov.19) señalan una caída del 0.2% respecto al año anterior y una revisión a la baja de los últimos tres trimestres. Se trata de la primera caída anual del PIB desde 2009, cuando el mundo sufrió la gran crisis financiera.
En el último año, de las 50 naciones más desarrolladas, sólo cinco registraron caídas en el PIB, entre ellas México. Los que consideran que el país no está en recesión (las voces oficiales) tienen “otros datos” que no son desdeñables. En periodos de recesión, aducen, cae dramáticamente el empleo en todos los sectores y descienden los niveles de consumo. Esto no está ocurriendo ahora, señalan. El empleo crece a un ritmo más lento, pero crece: se han generado 648 mil nuevos empleos, con una tasa de crecimiento de 1.8% (inferior al 3.7% registrado el año anterior), mientras que el consumo al menudeo sigue en positivo aunque con señales de desaceleración.
¿Estamos o no en recesión? Dejemos el debate a los especialistas. Lo que resulta claro es que llevamos un año de estancamiento económico. Se comprometió un crecimiento de 4% y terminamos el año creciendo al 0%. En contradicción con sus promesas de campaña, el gobierno alega que no le interesa el crecimiento sino el desarrollo. Es solo una declaración retórica porque sin crecimiento no hay desarrollo. ¿Cuáles son las razones del actual estancamiento?
Los expertos coinciden al señalar que las causas del nulo crecimiento son internas: los altos niveles de inseguridad no garantizan las inversiones; ha disminuido la inversión pública (este año cayó 13.5%); continúa el subejercicio del gasto público (en 2019 se han dejado de ejercer 155.3 miles de millones de pesos ya programados); y, por falta de confianza del sector privado en el gobierno, se contrajo la inversión. Especialistas consultados por el Banco de México consideran que los principales obstáculos al crecimiento tienen que ver con la gobernanza (48%) y las condiciones económicas internas (29%). Los niveles de desconfianza son semejantes a los que se experimentaron durante la crisis financiera de 2009. A los inversionistas les preocupa el “estilo personal de gobernar” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos cifrar el origen de esa desconfianza, en la suspensión de las obras del aeropuerto de Texcoco cuando la construcción tenía ya un avance considerable.
Fue algo más que la cancelación de una obra en marcha. Se trató principalmente de una decisión política con un muy fuerte impacto económico. Un acto simbólico para representar la separación del poder político del económico, en consonancia con la posición antineoliberal del Presidente. Parecería que se quiso mandar una poderosa señal de cambio. Detuvo las obras en Texcoco y comenzó a construir con el Ejército el aeropuerto en Santa Lucía. Por considerar que el nuevo aeropuerto supone un mal uso de los recursos públicos y es dañino para el medio ambiente, diversas asociaciones de la sociedad civil se ampararon contra las obras en Santa Lucía. Se burló entonces el espíritu de la ley y, con recursos formales, se pasó por encima de los amparos interpuestos. A solicitud del Ejecutivo, un juez revocó las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial de la Federación. Las obras se reanudaron el 27 de octubre, el mismo día del “jueves negro” en Culiacán. El mensaje que se envió a la sociedad es muy preocupante: el Poder Ejecutivo puede, en cualquier caso y por encima de cualquier amparo, imponerse a la sociedad. Violentar la ley impunemente.
El estancamiento económico tiene su origen en la falta de inversión pública y privada. El gobierno justifica el subejercicio en el gasto público diciendo equivocadamente que se trata de un ahorro. En cuanto a la falta de inversión privada ésta se origina en la desconfianza debida a casos como el del aeropuerto, fundamentalmente una falta de confianza en el Estado de Derecho. El Ejecutivo demostró con la reanudación de las obras en Santa Lucía que puede estar por encima de cualquier recurso legal cuando por encima de la ley no debería estar nadie.
Hace unos días el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, comentó en una entrevista que eventualmente se abrirían las inversiones en la CFE y en Pemex a la iniciativa privada. Sin duda alguna se trata de una muy buena noticia siempre y cuando se garantice que, como sucedió en el NAIM, no habrá consultas populares a modo y amparos rebasados por los márgenes de la ley.
Para salir del estancamiento y evitar que la crisis nos alcance se deben tomar medidas pertinentes. Los recursos recaudados en 2019 (el IVA y el ISR sufrieron caídas importantes) serán insuficientes para cubrir los gastos en 2020, por lo que se tomarán los recursos sobrantes del FEIP. Esto significa que en 2021, ya sin poder contar con esos recursos del fondo de contingencia, el gobierno tendrá que enfrentar una sensible disminución de recursos, algo riesgoso teniendo en cuenta que ese año se celebrarán las mayores elecciones de nuestra historia. Esto podría llevar al gobierno a contratar deuda o a impulsar una nueva reforma fiscal. La situación por venir es delicada.
Para salir del estancamiento el gobierno federal debe fomentar tanto el crecimiento como el desarrollo con bienestar, pero sobre todo debe restaurar la confianza. Es necesario refrendar el compromiso con el Estado de derecho. Nadie debe estar por encima de la ley.
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