El País experimenta una intensa discusión pública, respecto de posibles cambios en la organización institucional del gobierno federal, y sus implicaciones administrativas y políticas.
En el centro de este debate se encuentra una de las propuestas emanadas del futuro Presidente, según la cual a partir del 1 de diciembre próximo se eliminarían los delegados federales de cada dependencia y se instituirían coordinadores estatales del Gobierno Federal, seleccionados directamente por el Ejecutivo.
La propuesta, tal cual se ha justificado, pretende concentrar las facultades y funciones de los numerosos delegados federales adscritos a una entidad federativa, en un solo funcionario, que tendría por ello múltiples y heterogéneas funciones administrativas y técnicas, y desde luego políticas.
De prosperar la iniciativa, cada Coordinador Estatal serviría de enlace entre el gobernador del estado y el gobierno federal, y de facto se convertiría en la autoridad rectora de la aplicación de recursos e implementación de los programas federales.
En Coparmex coincidimos en la necesidad de mejorar la eficiencia y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos federales, y en el gran desafío que representa para la próxima administración, prevenir y combatir frontalmente la corrupción vinculada a la aplicación indebida de los mismos por parte de varios gobiernos estatales.
El diagnóstico es correcto y el problema muy grave, por lo que reconocemos se busquen alternativas para resolverlo.
Respaldamos por ello la eliminación de los delegados federales. Más aún, proponemos se analice la desaparición de muchas de las delegaciones cuya existencia no se justifica, y cuyas tareas pueden realizarse a través de convenios de coordinación con los gobiernos locales.
Sin embargo, la designación de Coordinadores Estatales del Gobierno Federal, no es la solución pertinente a la problemática de la corrupción y a la aplicación deficiente de los fondos federales.
La designación de Coordinadores Estatales supondría una involución en la solidez del sistema federal, debilitando los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la Federación.
Es irrefutable que el País necesita de gobiernos locales y municipales fuertes, pues en esos órdenes de gobierno es donde pueden potenciarse las capacidades para identificar las necesidades de la población y contar con las mejores aptitudes para atenderlas a través de la tarea de gobierno.
México debe fortalecer la descentralización mediante el traslado ordenado de facultades de la Federación a los Estados y los Municipios.
De forma especial, preocupa que los coordinadores sean los encargados de las acciones de seguridad emprendidas por el Gobierno Federal, lo que pondría en riesgo la cadena de mando en las autoridades militares y la eficacia del mando único del gobernador sobre las fuerzas armadas.
Por otro lado, se aprecian inconvenientes administrativos graves para la implementación de la estructura de los Coordinadores.
La concentración del liderazgo de las tareas de más de veinte dependencias federales en una sola persona, supone una pérdida de especialidad y de pericia, lo cual podría traducirse en decisiones erráticas.
Aún con aptitudes personales sobresalientes, sería muy difícil que el Coordinador tenga la capacidad para dar seguimiento puntual a tan amplio número de tareas y dependencias en los Estados.
Responsabilidades tan disímbolas como impulsar la agricultura o normar las comunicaciones, mejorar la operación aduanera y la calidad de los servicios de salud, o enfrentar los retos de la seguridad pública y promover las actividades culturales, requieren de conocimientos y competencias muy diversas.
Además, el Coordinador debería encontrar tiempo para ser enlace con las oficinas centrales de cada una de las dependencias, que de acuerdo a lo propuesto recientemente, tendrían su sede en diversos lugares del País.
La medida podría generar incentivos para que se desarrolle en los cuadros medios del Gobierno Federal un enfoque partidario y con cálculo electoral de los programas federales, lo que puede traducirse en una severa afectación a la garantía democrática de equidad en futuras contiendas, en la medida que las fronteras entre el gobierno federal y el partido en el poder, se podrían estar desdibujando.
En Coparmex hemos insistido en la importancia del fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno, para detonar la eficiencia gubernamental e inhibir la corrupción.
Que no quede ninguna duda: Apoyaremos decididamente las políticas públicas del gobierno federal 2018-2024 enfocadas a promover la eficiencia, el adelgazamiento del aparato gubernamental, el equilibrio presupuestario, la eliminación de los dispendios, y desde luego, en el combate a la corrupción.
Sin embargo, consideramos que las estrategias que se adopten para lograr esos nobles retos, deben analizarse cuidadosa y reflexivamente, en lo jurídico, en lo político y sobre todo, en su conveniencia y sustentabilidad administrativa en el largo plazo.
El federalismo, la pluralidad democrática, la soberanía de los estados y el fortalecimiento municipal, son especialmente vulnerables a los cambios propuestos. Hoy existen alternativas que pueden ser altamente eficaces para cumplir los objetivos sin afectar esos valores.
Hacemos por ello un llamado al futuro gobierno para fortalecer los mecanismos institucionales de monitoreo y seguimiento de la eficiencia en la gestión pública federal.
Existe una gran oportunidad de dinamizar y fortalecer las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
El próximo Presidente de la República, y el Estado mexicano todo, pueden encontrar allí las herramientas adecuadas para garantizar un gobierno eficaz, austero, íntegro, transparente y que rinda cuentas, tal y como se ha ofrecido y respaldamos en Coparmex.
Exhortamos al futuro Jefe del Ejecutivo y a su equipo de trabajo a que ponderen los riesgos de su propuesta y consideren las múltiples alternativas institucionales a su disposición.
Respaldamos la eliminación de los delegados federales. Valoremos también la posible desaparición completa de muchas delegaciones. Pero reflexionemos en las inconveniencias de las Coordinaciones Estatales.
El voto le ha dado a la próxima administración federal el poder de transformar al País con una legitimidad democrática sin precedentes. El camino a seguir debe ser fortalecer el régimen republicano y el federalismo, y con ello, el poder transformador de la democracia.