[ REVISTA IMEF ]

En los últimos meses ha subido de intensidad el debate público sobre la necesidad de que México tenga un Consejo Fiscal Independiente.
El Fondo Monetario Internacional, por primera vez en 2015, y de nueva cuenta en el Reporte sobre México, emitido el 4 de noviembre de 2016, recomendó a nuestro país que constituyese un Consejo Fiscal, para que, con ello, se mejoren las funciones del Estado, asociadas a las finanzas públicas.
A partir del año 1914 cuando se organizó el primero en Holanda, los Consejos Fiscales se han constituido en 47 países, incluidos los conformados por socios de México en Norteamérica, a saber, Estados Unidos y Canadá; en países de Latinoamérica, como Chile y Colombia, o en economías europeas, como en Reino Unido y España, por mencionar algunos.
Con distintas variantes, los Consejos Fiscales en estos y otros países tienen como característica común ser órganos consultivos apartidistas, que asesoran en distintas formas a los poderes Ejecutivo y Legislativo en temas de presupuesto, finanzas públicas, endeudamiento y responsabilidad fiscal.
En el caso de México, varias voces autorizadas han sugerido que el Consejo Fiscal debiera ubicarse en el ámbito del Poder Legislativo, pero teniendo personalidad jurídica propia, contar con un alto grado de autonomía en el desempeño de sus actividades y con plena independencia funcional.
A la fecha, operan en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, y por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez en la esfera de la Cámara de Senadores. Sin duda que en estas instituciones puede estar la semilla de un Consejo Fiscal, pero es indispensable un arreglo institucional mucho más sólido, que dé profundidad, certeza y permanencia a sus actividades.
Una de las funciones centrales de un órgano como el que se propone es hacer una evaluación formal y dinámica de las políticas públicas y las acciones de gobierno, que puedan constituir una amenaza a la salud de la Hacienda pública.
Para lograrlo, el Consejo Fiscal debería involucrarse en aspectos como el análisis de los supuestos macroeconómicos, la definición del presupuesto, generar ciertos informes periódicos, y ejercer funciones normativas en políticas fiscales, en materia de ingresos, gastos y deuda pública.
Hay que decirlo: México se ha quedado rezagado en la conformación de uno de los órganos que, en muchos países, han contribuido a la certidumbre.
La reacción negativa y poco racional que ante esta propuesta ha tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito, rechazando sin argumentos sólidos la idea de la conformación de un Consejo Fiscal, hace ver el limitado compromiso de quienes encabezan hoy esa dependencia, por construir instancias que atenúen la discrecionalidad y la opacidad que hoy impera en México en el manejo de la Hacienda nacional.
Contar con un Consejo Fiscal puede generar certeza y estabilidad, al asegurar un desempeño ordenado de las finanzas públicas, sin importar el perfil dogmático o la conformación del gobierno en funciones.
Desde la sociedad, al igual que lo han hecho el Fondo Monetario Internacional, instituciones educativas y organizaciones sociales, impulsaremos desde la Coparmex la formación del Consejo Fiscal.
En esa tarea, el Congreso de la Unión tiene una clara oportunidad de llegar temprano a la cita, y crear las bases para que la aspiración de contar con un Consejo Fiscal sea una realidad.

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