Las reformas estructurales de México, en particular la energética, pueden generar resultados muy positivos para el país, como se aprecia por ejemplo en los recientemente obtenidos de las licitaciones públicas para la exploración y extracción de hidrocarburos realizada a finales del año pasado, así como la reciente formalización de asociaciones del sector privado con Pemex.  

El proceso de liberalización gradual de los precios de las gasolinas iniciado este año marca un cambio de fondo en el mercado energético mexicano, con la participación de nuevos empresarios nacionales y extranjeros, que se preparan para competir en diversas áreas del mercado.

Sin embargo, los beneficios de la reforma energética no se perciben, a causa del grave problema de las finanzas públicas del país. El gobierno optó por resolver el desequilibrio fiscal yéndose por el camino más fácil: elevar los impuestos, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que espera recaudar por la venta de gasolinas y de diésel. Ello se ha traducido en un incremento desproporcionado en el precio de dichos combustibles para los usuarios finales, generando protestas en la mayoría de las entidades del país.

En COPARMEX consideramos que Sí hay margen de maniobra para reducir los porcentajes de impuestos considerados en la fórmula para la determinación de los precios de las gasolinas, y ello necesariamente pasa por un mayor esfuerzo del gobierno para corregir su balance fiscal.

Más que subir impuestos a las gasolinas hasta representar cerca del 40% de su precio final, lo que se requiere es un recorte efectivo del gasto público, estableciendo una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado por el Congreso para este año 2017. Dicho recorte al gasto no debe hacerse simplemente disminuyendo el presupuesto de la inversión pública o los programas sociales sino, sobretodo, mejorando la eficiencia del gasto. La corrupción y el dispendio del Estado en materias como publicidad y elecciones deben de una vez desaparecer.

El Gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más comprensiva, pero ¿en qué momento el Gobierno será comprensivo con la situación que están atravesando los mexicanos? ¿En qué momento veremos anuncios del Gobierno sobre planes de austeridad en el gasto, de disminución del gasto corriente, de compromisos con la eficiencia, de la eliminación de gastos superfluos, de disminución de los privilegios para los servidores públicos, de castigo directo y severo a la corrupción –comenzando por la interna–, así como la reducción al presupuesto, por ejemplo, en materias como la comunicación?

Es necesario un compromiso de reducción de la deuda pública, para mantenerla por debajo de los niveles que tenía el inicio del sexenio, que era de 33.9% del PIB, con respecto al nivel hoy cercano al 50% del mismo producto que se cerró en el 2016. Es particularmente relevante que se reduzca el crecimiento de la deuda que fue adquirida en dólares, dado que con la devaluación del peso y el aumento a las tasas internacionales de interés podrían desestabilizar los flujos financieros del gobierno en un futuro cercano.

Además del compromiso del Gobierno, ¿dónde están también los compromisos de los organismos autónomos, los compromisos del Congreso y del Poder Judicial, de los gobiernos estatales y municipales para recortar su gasto público, hacerlo más eficiente y ser más responsables con el manejo de los dineros públicos?

Asimismo, es necesario auditar y lograr la transparencia absoluta de Pemex para evitar que la corrupción y la ineficiencia en el uso de sus recursos. La empresa productiva del Estado tiene que dar cuentas de esos asuntos, explicar cómo planea invertir la situación de vulnerabilidad que tenemos al importar cerca del 60% del consumo nacional de gasolinas, por la obsolescencia y la falta de mantenimiento de la infraestructura de refinación.

Las empresas enfrentan una situación muy delicada, porque además del incremento del precio de la gasolina y el diésel se procedió a la liberación del precio de gas LP y se observó una   alza acumulada en el gas natural. En adición a ello, también se incrementaron las tarifas eléctricas al iniciar el año: para el sector industrial el alza va del 3.7 al 4.5 por ciento; para el sector comercial, entre el 2.6 y el 3.5 por ciento. Tan solo en los últimos doce meses, la inflación del productor en cuanto a generación, transmisión y distribución de energía ha sido del 13.2%, una cifra alta en todas las proporciones.

México enfrenta un momento único. El Gobierno de la República pide comprensión a los mexicanos, pero para pedir primero hay que dar. ¿Qué le dará el Estado a los ciudadanos? ¿Cuál será su compromiso? Estamos a la espera de escucharlo.