La kakistocracia mexicana

Su desatención a las leyes y el desprecio por los abogados y jueces, ha sido una de las desviaciones presidenciales más evidentes.

La kakistocracia significa el gobierno de los peores. ¿Qué sucede cuando una sociedad coloca en el pináculo del poder a los menos preparados para gobernar? Sin duda, se siembran las condiciones para la distopía. 

Se podría argumentar, con una gran cantidad de razones a favor, que el actual régimen gobernante en México se acerca mucho a la definición de kakistocracia.

De otra manera no se entiende que la élite oficialista se comporte como si ignorara preceptos legales y constitucionales fundamentales para mantener la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

Dos ejemplos recientes – pero hay muchísimos más – vienen al caso. 

El primero nos ilustra la enorme ignorancia del Presidente de la República y de su grupo cercano sobre cómo funcionan las leyes en una sociedad democrática y liberal. 

Por razones insospechadas, López Obrador no entiende – o pretende no entender, que quizás es peor – que nuestro régimen constitucional otorga el derecho a cualquier ciudadano o ciudadana para asesorarse por abogados en el caso de que se requiera realizar una petición al poder Ejecutivo.

No obstante, a través de un miembro de su gabinete, el Presidente criticó recientemente la acción legal de una legisladora, a saber la Senadora Xóchitl Gálvez, de consultar a una entidad promotora del litigio estratégico, la mejor manera de solicitar al gobierno su uso del derecho de réplica. Las acciones legales dirigidas por el CNLE fueron exitosas, de tal manera que un Juez de Distrito concluyó que se le permitiera a la Senadora replicar al Presidente en el foro de la “mañanera”. Hasta ahora, sin embargo, López Obrador se encuentra en desacato de esta orden judicial.

El segundo caso que viene a cuento es igualmente infamante aunque, quizás, más ridículo. Recientemente, el Jefe del Ejecutivo anunció que le había enviado una carta al abogado de Genaro García Luna en Estados Unidos. Sorprendido por el hecho de que el régimen político estadounidense consagra al “debido proceso” como un derecho que todo mundo debe tener si se es parte de un juicio, el Presidente mexicano confunde esta garantía individual con “impunidad”. La enormidad de esto no se debe menospreciar. El inquilino de Palacio Nacional culpa, en una misiva que ya ha hecho conocer al mundo, al sistema judicial estadounidense de garantizar la impunidad del abogado estadounidense de un ciudadano mexicano. Con ello demuestra no sólo una radical ignorancia del derecho constitucional, sino que vuelve a poner la relación con nuestro vecino del Norte en cuestión. Indudablemente el contenido de la misiva presidencial ya ha sido analizado por miembros de la Embajada de Estados Unidos en México y también por el Departamento de Estado en Foggy Bottom.

Estos dos casos muestran que una buena parte de los problemas de México hoy en día procede de la incapacidad de la élite gobernante para entender cómo funciona el derecho en una República democrática y liberal. Esperemos, sin embargo, que la kakistocracia no constituya nuestro destino.

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