Una de las responsabilidades más importantes de un Gobierno democrático es garantizar que los derechos de la ciudadanía sean respetados. Cuando esto no sucede hay una ruptura del pacto social entre quienes administran el poder y los gobernados.
Cuando el Presidente y sus aliados en el Congreso decidieron emplear una estrategia de desgaste para evitar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) realizara sus labores de acuerdo a nuestro orden constitucional, no hicieron más que quebrar el acuerdo que en un régimen republicano debe existir entre representantes y representados.
Visto a la distancia parece increíble que México haya existido durante tanto tiempo, sin que los ciudadanos pudieran tener acceso a información acerca de la actuación de los gobiernos, así como el derecho a que su identidad sea protegida contra posibles abusos por parte de terceros.
Ahora que el obradorismo ha pretendido conculcar esos derechos humanos, es cuando quizás nos demos cuenta de cuánto lo valoramos. Por ello hoy tenemos razones para celebrar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya autorizado al pleno del Inai sesionar válidamente con cuatro de los comisionados que integran su pleno en la actualidad, en lo que se resuelve el fondo de la controversia.
Con esta decisión la estrategia del oficialismo que se basaba en impedir el funcionamiento del Inai, a través de la no designación de los comisionados suficientes para que pudiese integrarse el quorum mínimo de cinco integrantes que se necesitaban para sesionar, ha fracasado. Con ello el pleno podrá instalarse y resolver cientos de acciones intentadas por ciudadanos para hacer valer sus derechos a informarse sobre la actuación del gobierno y para lograr la protección de sus datos personales. Más de ocho mil quejas de personas que se han acumulado por el espacio de 140 días podrán ahora desahogarse, para que se haga justicia. No será pronta y expedita, pero llegará. Bien por los Comisionados del Inai que han reivindicado el derecho a ejercer su jurisdicción y bien por la SCJN que ha resuelto en favor de la tutela de los derechos humanos en la materia.
Esta decisión servirá como precedente para futuras resoluciones que involucren a otros órganos autónomos del Estado, a los que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, pretenda inmovilizar o debilitar utilizando tácticas similares.
Este es otro ejemplo de cómo los pesos y contrapesos en nuestro país están funcionando adecuadamente, al menos en lo que respecta al poder judicial. Hoy este poder está dando pruebas de fuerza y se encuentra a la vanguardia en la protección del orden republicano de nuestro país. No cabe duda que los casi 30 años de transición a la democracia fortalecieron nuestras instituciones, de tal manera que la tentativa autoritaria del morenismo encabezado por López Obrador no va a fructificar.
Sin duda, fue un gran error del régimen haber pretendido liquidar o debilitar a los organismos constitucionales autónomos que atenúan los excesos del régimen presidencialista, al transferirles funciones trascendentes para el Estado y los gobernados, que con cierta distancia de la política electoral puedan ser atendidas de forma colegiada, profesional y transexenal. Este ataque se ha fundado en una concepción distorsionada acerca de la naturaleza de la democracia liberal. Pero, al parecer, ya hemos aprendido la lección.