El Colegio de Abogados de EU envió una carta a López Obrador en la que expresaba su preocupación por la creciente espiral de ataque contra la SCJN, desde el Poder Ejecutivo.
El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) es una venerable institución, fundada en 1878. Desde entonces, es una tradición que ABA proponga los estándares éticos bajo los cuales se debe regir la conducta de los abogados en Estados Unidos.
Estás prescripciones se fundan, desde luego, en una lectura jurídica y liberal de la Constitución de 1787 que, como se sabe, pone en el centro de las preocupaciones la idea y práctica de la separación y equilibrio de poderes.
Esto viene a cuento porque recientemente este Colegio envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez que esto sucede. Lo cierto es que lo que pasa en el vecino del sur, es siempre de interés estratégico y político para quienes se dedican a enarbolar la causa de la justicia y la libertad en Estados Unidos. Nuestros países están más cerca de lo que muchos piensan.
La carta de ABA se centra en la preocupación, por la creciente espiral de ataque contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el Poder Ejecutivo de México. Seguramente recordando lo que escribieron los autores de los Federalist Papers sobre el hecho de que el Poder Judicial es la rama del gobierno más débil, los redactores de la carta ponen énfasis en el peligro que significa el constante amago contra el Poder Judicial, desde la silla presidencial.
La carta también señala que el respeto a la independencia y legitimidad de las cortes mexicanas se funda, no sólo en los preceptos constitucionales mexicanos, sino también en el derecho internacional y en la amplia gama de tratados internacionales, tanto multilaterales como bilaterales que ha suscrito México. Las prescripciones que marca el sistema multilateral internacional deben cumplirse, ya que son compromisos y obligaciones adquiridos por un Estado ante otros Estados.
Un punto relevante de la carta tiene que ver con algo que debe entenderse claramente en México. Un gobierno legitimado por el voto ciudadano ciertamente tiene un gran espacio para proponer reformas importantes de cambio socioeconómico. Si así no fuera, las elecciones servirían de poco. Pero el punto esencial, subrayado por los redactores de la carta, es que cualquier proyecto de cambio que se proponga no puede hacerse violando el Estado de derecho, que es la piedra angular sobre la que descansa nuestra democracia liberal. En otras palabras: no es legítimo un proyecto reformador, por más justiciero que pretenda ser, si para implementarlo se destruyen instituciones republicanas que, en sí mismas, garantizan la justicia.
La citada carta de ABA es ciertamente bienvenida, pues es una muestra de que a los pueblos estadounidense y mexicano los sigue hermanando la pasión por la libertad y la convicción de que ningún régimen sin equilibrio de poderes ni Estado de derecho puede ser justo.